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La política y las políticas sociales en México

Estado, sistema político y la política social


Desigualdad social en México Con base en el texto de apoyo de la presente sesión, obtuvimos un acercamiento a la dimensión de los problemas que diversos países latinoamericanos padecen, incluyendo el nuestro, asociados a los conceptos de pobreza, desigualdad económica y social.

La brecha entre sectores que concentran la mayor cantidad de riqueza y los que cuentan con lo mínimo indispensable para subsistir es cada vez más evidente, por lo que dentro del Estado se ha planteado anclar los flagelos anteriormente señalados como temas prioritarios de la agenda pública, derivando en una nueva generación de políticas sociales. Con respecto al concepto “pobreza”, especialistas como Julio Boltvinik o Kliksberg coinciden en señalar que el término refiere a la insuficiencia de recursos para satisfacer necesidades en la mayoría de los casos “básicas”; así como la carencia material que incide, por ejemplo, en la esperanza de vida de los individuos. 

En nuestro país, su medición se clasifica en 3 rubros: extrema, de capacidades o de patrimonio, siendo ésta última la más grave y en la que se encuentra un importante estrato de la población. 

Problemas de la política social en México En un contexto de predominio de políticas orientadas al Laissez-faire, la política social ha sido relegada a una posición secundaria, trayendo como consecuencia la profundización de la desigualdad en temas como la salud o la educación entre otros que son fácilmente accesibles para las clases con poder adquisitivo importante, en detrimento de los segmentos más necesitados.

La “nueva política social” ideal, sería liderada por el Estado en la búsqueda de garantizar la estructura de derechos políticos, jurídicos y sociales de todos y cada uno de los habitantes de un país, ratificada en la asamblea General de la ONU en 1989.

Los objetivos de la política social en el Estado Mexicano.

El costo de las políticas de ajuste dictadas por organismos internacionales a cambio de financiamiento surtió efecto en el bienestar social de la población. 

La respuesta del Estado ante el contexto desfavorable se tradujo en Programas cuyos objetivos abarcan rubros esenciales como la salud, la educación y el fomento al empleo alineados estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

La nueva política social incluye la participación activa de la ciudadanía, con especial énfasis en la consecución del bienestar social, canalizando demandas realistas al Estado para que éste a su vez diseñe e implemente políticas públicas que reduzcan la brecha que persiste entre las clases privilegiadas y el grueso de la población, alejada de las prácticas estudiadas por la Escuela de la Elección Pública consistentes en la satisfacción de intereses particulares por parte de la élite política para lo cual se tendría que combatir el problema de tipo agencia-principal, reforzando los mecanismos institucionales de control y vigilancia que tenemos a la disposición como el Portal de Obligaciones de Transparencia dependiente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Al respecto, cabe mencionar que para la ejecución de proyectos y programas sociales e infraestructura, los municipios deben indicar su vinculación con el PND 2014-2018 como requisito indispensable para acceder a recursos o subsidios de carácter federal contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, en las notas técnicas, análisis costo-beneficio, etc., 

indicados en los lineamientos o reglas de operación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La política social en el Estado benefactor.

Con la incorporación de las demandas que sustentaron el movimiento revolucionario a las principales instituciones, a partir de 1917, se habla de la política social como un proceso dinámico, sujeto a las condiciones económicas-políticas, a los actores (grupos de interés o rent-seeking y gobierno en turno. 

La construcción de la política social en el México posrevolucionario Posterior a las hostilidades, en el que se considera como primer período de la política social, la plataforma jurídica, filosófica y política de la misma quedó consagrada en la Carta Magna mediante la promulgación de los artículos 3, 4, 27 y 123 (base del esquema corporativo,-Rolando Cordera-), sin embargo, la asignatura pendiente consistía en la parcialidad de la cobertura que sólo contemplaba a los trabajadores del campo y de la ciudad, derivado de la Reforma Agraria con impacto en la redistribución de la riqueza. 

Periodo del Estado benefactor. 

¿Desarrollo económico y social? Tras la Segunda Guerra Mundial, surge el Estado benefactor y es adoptado por nuestro país bajo la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) de 1940 a 1960 durante la gestión de Miguel Ávila Camacho, caracterizada por una política industrial activa, barreras arancelarias y predilección por los productos nacionales. 

Asimismo, se crearon instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Durante este periodo y hasta 1970 se pensó que bajo este modelo, el crecimiento (superior al 5%), sería suficiente para lograr el bienestar social, sin embargo, la desigualdad persiste.

Para mediados de 1970, bajo el mandato de Luis Echeverría, diversos indicadores muestran señales de declive del modelo, que orillaron al gobierno a recurrir a financiamiento de organismos internacionales. 

Con respecto a la política social se buscó una mayor injerencia del Estado a la par de iniciativas de la creación del INFONAVIT, del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) y (FONACOT). 

Estado benefactor agotado: pobreza y desigualdad El descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo durante la administración de José López Portillo modificó la dirección de la política económica restrictiva, derivada de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, anclando al energético de manera excesiva por lo que cualquier variación a la baja terminaría por generar un importante déficit fiscal. 

Ante éste escenario, se recurrió nuevamente al organismo internacional para solicitar apoyo. 

La política social en este periodo se mantuvo en la misma tesitura, buscando reducir la pobreza, incrementar el nivel de ingreso, así como el fomento del empleo por medio de subsidios. 

La apertura de la economía mexicana llegó con la administración de Miguel de la Madrid, por lo que el modelo económico dio un vuelco de 360 grados, precedido de una abrupta caída del precio del petróleo en 1986 lo que orilló de nueva cuenta a solicitar apoyo financiero al FMI. 

Los ajustes derivaron en la eliminación de subsidios, clausura de paraestatales y recortes en programas que se consideraron no prioritarios. 

En materia de política social, se reformó la Constitución en lo concerniente a salud y vivienda sin que esto trajera consigo una inversión significativa que los impulsara, por lo que se experimentó una fase de estancamiento.

El sistema político y el uso de la política social.


La política y la política social Para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU y DAES, 2007), el mapeo de actores y los roles que desempeñan es claramente identificable: el ciudadano elige de entre una serie de paquetes al candidato que “cubre sus expectativas”, para que éste a su vez, intente descifrar las preferencias que se traducirán en políticas públicas utilizando las palancas del Estado para lograr el “bien común”. 

De acuerdo con Ceja, la política social tiene como fin principal “facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad”, en este sentido, sería interesante considerar el Teorema de la imposibilidad de Arrow, según el cual, no existe ningún mecanismo perfecto para “sumar” las preferencias de los individuos y hallar la preferencia social. 

En un recorrido por la administración de José López Portillo, caracterizada por la endeble democracia y nula pluralidad, con una deuda externa e interna endosada e indicadores elevados como la inflación, la política social buscaba mejorar las condiciones de la población marginada. 

Para 1982, el Ex Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado asumen la presidencia de la República en condiciones adversas con un gasto público que tendía a incrementarse cada vez más, así como una depreciación del peso frente al dólar y una inflación fuera de control. 

Los comicios electorales de 1988 se caracterizaron por la versión de que la caída del sistema influyó en el resultado final, cuyo triunfador fue Carlos Salinas de Gortari, quien logró profundizar el proceso de privatización. 

Asimismo, promulgó la reforma del artículo 27 constitucional, que “permitió la enajenación de tierras ejidales”. 

Después de dos administraciones enfocadas en aplicar al pie de la letra las recetas de corte neoliberal, la “política social se subordinó a intereses de la política económica, cuyas estrategias fortalecen la concentración y no la distribución equitativa de la riqueza, generando mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos. 

Elecciones y programa sociales La consolidación de la democracia en nuestro país ha tropezado con obstáculos como la asignación de partidas para la compra de votos, la coacción o el incentivo que tienen los ciudadanos para no informarse sobre los contenidos de las diversas plataformas políticas de las élites que compiten por el poder. 

Lo anterior distorsiona en gran medida la revelación de preferencias por parte del votante, quien en la mayoría de los casos opta por aceptar una despensa, una tarjeta precargada, dinero en efectivo, etc., 

Otorgando un sufragio a quien resulte como el mejor postor. 

De la misma manera, los programas sociales (aunque la publicidad reza que “queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos, etc.,), pueden ser utilizados con miras a lograr resultados electorales favorables para cualquier partido político. 

Hallar un mecanismo eficiente que contrarreste esta tendencia requiere observancia obligatoria de tres grandes marcos normativos: 1) La esfera presupuestal materializada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos; 2) La transparencia con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción) La esfera social enmarcada en las Leyes Generales de Desarrollo Social, Educación, Salud, entre las principales. 

Por otro lado, la actuación efectiva en el marco de las atribuciones conferidas al Congreso de la Unión y Organismos Autónomos Independientes (Contrapesos externos); así como de los Órganos de Control Interno coordinados por la Secretaría de la Función Pública (Contrapeso internos), sin olvidar la participación individual o de organizaciones de la sociedad civil nacional o internacional que pueden llegar a tener un peso específico determinante en la defensa y conservación de los derechos sociales objeto de la presente sesión. 

Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas federales En el marco de los comicios electorales de 2006, la Organización de Naciones Unidas financió el proyecto denominado “Protección de los Programas Sociales Federales en el Contexto de las Elecciones de 2006”, retomando información generada por la organización de la Sociedad Civil “Alianza Cívica” y por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”. 

Entre sus conclusiones, destaca “la persistencia de condiciones que representan un riesgo de manipulación política de algunos programas sociales”. 

Adicionalmente, el Equipo Pueblo (financiado por el mismo Programa de la ONU), alerta sobre el resurgimiento de viejas prácticas que se creían erradicadas, mismas que se alejan de ideal democrático.

Dificultades y soluciones de las políticas sociales a nivel internacional.

Posterior al crack bursátil de 1929, la política social cobró un auge importante y buscaba elevar el bienestar de la población (cohesión social bajo el modelo keynesiano), a través de importantes inversiones en aspectos como la educación, salud, vivienda, etc. 
Que no eran vistas como un gasto. 

La orientación del modelo a la lógica del mercado, disminuyó la participación del Estado relegando la política social a un mecanismo auxiliar que no ataca de raíz el problema de la pobreza y por ende profundiza las desigualdades como se ha podido apreciar a lo largo del texto de apoyo. 

Cómo se ha enfrentado la problemática de la política social a nivel internacional En este apartado se analizan los tipos de Estado y el papel que desempeño a lo largo de 3 largos periodos por los que ha atravesado la política social en América Latina. 

Asimismo, se diferencian los modelos sociales europeos con características particulares. 

Cómo se ha combatido el uso político de la política social a nivel internacional Retomando el tema del uso indebido de programas sociales con la finalidad de obtener dividendos políticos, a nivel internacional, organismos multilaterales como Naciones Unidas, buscan eliminar las barreras que impiden que los recursos lleguen a la población objetivo. 

Se trata de un esfuerzo conjunto de empresarios, instituciones gubernamentales nacionales e internacionales y la sociedad civil en general. 

Un vistazo a la Cruzada Nacional contra el Hambre La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. 

Pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. 

Este último es un derecho social esencial, a partir del cual el ser humano puede tener acceso a un desarrollo integral, por tratarse de un tema sensible, su aplicación debería librarse de prácticas distorsionadoras como el clientelismo político, apelando al código de ética que todo servidor público está obligado a seguir.

La política social ha ido mutando con el paso de las administraciones, influenciada por el contexto económico, político y por los actores que como se ha visto en sesiones anteriores, movilizan recursos para conseguir que sus demandas sean satisfechas.

Se transitó de una política amplia que procuraba atender rubros como la salud, la educación, la vivienda y el tema laboral, sustentada en el modelo keynesiano de demanda efectiva a una de carácter asistencialista terminando con las bondades del Estado benefactor, que ha acentuado la pobreza y la desigualdad poniendo en tela de juicio la pertinencia de continuar con la aplicación de las políticas neoliberales a ultranza.

El uso indebido de recursos públicos a través de programas de carácter social con fines proselitistas, se ha convertido en un flagelo que parasita las aspiraciones del país hacia un modelo que no sólo sea consistente con la teoría elitista de la democracia, que de acuerdo con J. A. Schumpeter, “significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernar, pero no más”, sino que incluya el apego a la normatividad vigente por parte de la esfera estatal y el reforzamiento de los mecanismos de vigilancia y transparencia concerniente a la red de organizaciones ciudadanas cuyo involucramiento en el quehacer público contribuya al diseño de más y mejores políticas públicas.