Programa social y la política
la política social busca promover el bienestar de las personas a través de la creación de programas sociales que proveen una variedad de servicios sociales, con la idea de que los gobiernos son responsables del bienestar de sus ciudadanos; por ello, es imprescindible que el Estado asuma un papel central respecto a ellos, ya que la política social planea y direcciona los recursos públicos hacia grupos amplios de ciudadanos.
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, contribuye al logro de la meta nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en Paz. Así mismo el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia.
En México el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Trabajar en forma coordinada desde los tres niveles de Gobierno en todas las entidades federativas para fortalecer las acciones sociales que permitan prevenir la violencia y la delincuencia para construir un México en Paz.
El crecimiento de las víctimas de la violencia, del delito y de violaciones de derechos humanos en nuestro país no es un fenómeno natural, propio de las grandes o pequeñas comunidades, ni de la coyuntura que representa la lucha contra el crimen. Por el contrario, se trata de una cuestión estructural que guarda una estrecha relación con la carencia de oportunidades, la desigualdad social y la marginación de gran parte de la población del desarrollo económico, social y cultural del país.
Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia.
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
La política económica de un país nunca está desligada de sus implicaciones sociales. No se puede ignorar la causalidad entre las condiciones que precariza el trabajo y reducen el poder adquisitivo de algunas personas, generando una desigualdad estructural, con la falta de desarrollo cultural y humano, así como la prevalencia de la violencia y las conductas delictivas en el país. Así también en trabajar en la construcción de una sociedad más justa, con verdaderas oportunidades para el desarrollo humano, con instituciones transparentes y confiables marcadas por un paradigma democrático, parece ser la verdadera alternativa para erradicar la violencia y disminuir la criminalidad.
La violencia y la delincuencia son situaciones que generan amenazas a los derechos humanos y afectan la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que brinda certeza a las personas respecto a su integridad física, psicológica, patrimonial y social; por tanto, permite el ejercicio de derechos como la libre movilidad y la convivencia pacífica; ya que se entiende por violencia, una acción en la que existe el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones como la violencia de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.
Por lo tanto, la delincuencia es entendida como un fenómeno social, multicausal y multifactorial, el cual se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado; es decir, un delito para obtener, principalmente, un beneficio económico, gratificación sexual o poder.
Es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo tanto, el Ramo 33, está formado por aportaciones federales para estados y municipios; de donde se transfieren recursos para la atención de rubros que el gobierno federal, trasladó a las entidades y alcaldías, tales como salud, educación, desarrollo social y seguridad pública. Su importancia radica en que los fondos se ceden a autoridades locales por ley, y no por convenio.
Así mismo, es el gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos que el Gobierno Federal transfiere a los estados y municipios a través de las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas y los convenios de descentralización. Estos recursos provenientes de la Federación son empleados por los gobiernos estatales para complementar sus respectivos gastos en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, sistema de pensiones, deuda pública, entre otros.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; se determina para los siguientes propósitos que son el reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; así como la percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; además del equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; así como la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; para una construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.
Sin embargo, en el rubro de seguridad pública aplicado al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia no fue aplicado correctamente en el Estado de Veracruz-Ignacio de la Llave ya que el Ex Gobernador de Veracruz realizo el desvió de este rubro en aplicarlo en una campaña política en la elección de gobernador 2016; así también para financiar a su partido político y utilizó este recurso para uso personal.
Por lo tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2016 en la que botaron irregularidades en la dependencia a su cargo. La crisis financiera del estado de Veracruz ocasionó la inseguridad y el incremento de delitos. Así mismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF); reconoció que los controles que plantea la ley para evitar el desvío o mal uso del presupuesto destinado a la Seguridad Pública, no han sido suficientes ya que se necesita mejores puntos de alerta y además que en cada una de las entidades los servidores públicos tengan una gran responsabilidad en su desempeño.
Ya que el objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las acciones que se realicen estén enfocadas a garantizar este fin. Sin embargo, el Ex Gobernador de Veracruz no cumplió con la ética, valores y moral que debe ejercer en su función pública.
La Procuraduría General de la República, ya está realizando las investigaciones ministeriales correspondientes donde abrió una carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, desviación de recursos federales, basándose en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código Penal del Estado de Veracruz y Código Nacional de Procedimientos Penales.
Vivir en un México en Paz es la prioridad del Gobierno Federal. Es lo que más preocupa a los habitantes y la tarea más importante que debe ocupar al Gobierno de la República. En la Administración Pública su objetivo es trabajar en construir la tranquilidad, el desarrollo económico y el bienestar social que podrá sustentar este anhelo de paz. En el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado por el Presidente de la República. Se esbozan los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno Federal, Estados y Municipios; también se presenta la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, su integración y sus principales responsabilidades.
Este programa es de bienestar social ya que todos los ciudadanos se van a sentir protegidos, con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia es un instrumento que tenga el más alto consenso ciudadano y el más amplio compromiso gubernamental para aplicarlo y lograr sus objetivos, a fin de que Gobierno y Sociedad podamos en conjunto construir un México en Paz.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas. Cabe mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se detallan sus obligaciones que son la de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.